1.- Mediante carta citada en antecedentes, una Caja de Compensación ha recurrido a esta Superintendencia indicando que en razón del dictamen N° 3646 de 2017, de Contraloría General de la República, ratificado por la Excma. Corte Suprema, en fallo de 19 de marzo de 2018, se estableció un nuevo criterio a aplicar en el otorgamiento de nuevos créditos a funcionarios públicos.
En razón de lo anterior, algunas entidades públicas, relata en su presentación, efectuaron interpretaciones particulares acerca de la vigencia del dictamen referido, procediendo erróneamente a no realizar los descuentos por planilla de las cuotas correspondientes de algunos de sus funcionarios afectos a la Ley N° 18.834.
Expresa que la cartera de Gendarmería de Chile ha sido la más afectada, impactando al alza los indicadores de Morosidad y Provisiones de la C.C.A.F., toda vez que entendió inicialmente que las nuevas condiciones de descuento voluntario y carga financiera eran aplicables a los créditos colocados desde el 2 de febrero de 2017, fecha del dictamen en cuestión, llegando a interpretarse que si, en el caso de un crédito otorgado después de esa fecha, la cuota equivalía a un monto superior al 15% de la remuneración, no correspondía realizar descuento alguno.
Esta interpretación del referido servicio público, generaría en la entidad que usted administra un impacto mayor en la provisión, por aproximadamente MM$2.270, acumulados entre abril y mayo de 2018, debido a una situación exógena al riesgo intrínseco de la cartera crediticia.
Agrega usted que, dicha interpretación errónea ha tendido a regularizarse, retomándose los descuentos de las cuotas.
La normativa vigente, indica su carta, permite a las C.C.A.F. realizar unilateralmente la reprogramación mediante un diferimiento hacia el final del crédito de cuotas impagas, ello en el caso de ocurrir situaciones particulares en que la entidad pagadora de la pensión no ha realizado el descuento derivado de hechos tales como errores operacionales, es decir, en que no ha habido una intención de incumplir la norma.
Describe usted que esto es lo que ha ocurrido en Gendarmería de Chile y otras entidades públicas, por lo que se solicita autorización para aplicar un criterio análogo y diferir las cuotas de los créditos que fueron afectadas por esa interpretación errónea inicial del dictamen de Contraloría General, teniendo en consideración que a la fecha dichos Servicios ya han regularizado esa situación.
En este sentido, se indica, se procedería en forma unilateral a diferir hacia el final del crédito las cuotas erróneamente no descontadas, sin costo adicional para el deudor. Esta solución se aplicará a aquellos casos de reanudación efectiva del pago mediante descuento por planilla, notificando el diferimiento a todos los trabajadores afectados mediante el envío de una carta y/o mailing y/o notificación al empleador. El cálculo de la provisión de los créditos afectados debería aislar el efecto del error de interpretación de las entidades pagadoras.
Finalmente, agrega usted que, para aquellos trabajadores que tienen créditos afectados que no sean corregidos por las entidades pagadoras en razón de situaciones particulares, se solicita autorización para que en el caso de reprogramarse dichas operaciones con acuerdo del deudor, se pueda aislar este efecto en el cálculo de provisiones de crédito social, pudiendo eventualmente, y de considerarse necesario, establecer además una provisión sistémica para prever futuros incumplimientos producto de esta situación.

2. Sobre el particular, es menester señalar que por medio de dictamen N° 3.646 de 2 de febrero de 2017, Contraloría General de la República efectuó un cambio de jurisprudencia administrativa, concluyendo que las deducciones que los servicios públicos efectúen en las remuneraciones de sus funcionarios, para el pago de créditos sociales contraídos con cajas de compensación, tienen el carácter de voluntarias y, por ende, deben sujetarse el límite del 15% de la remuneración del funcionario.
Por su parte, cabe mencionar que, por medio de resolución de fecha 19 de mayo de 2018, la Excelentísima Corte Suprema revocó el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó el recurso de protección que interpusieran las C.C.A.F. Los Héroes, de Los Andes, 18 de Septiembre y La Araucana, contra Contraloría General, a raíz de la dictación del dictamen referido.
De acuerdo con las facultades que le confieren las Leyes N°s 16.395 - Orgánica del Servicio - y 18.833 - que contiene el Estatuto General de las C.C.A.F., esta Superintendencia emitió la Circular N°3.355, de 23 de abril de 2018, que modificó las instrucciones contenidas en la Circular N°2.052, de 2003, que regula el Régimen de Prestaciones de Crédito Social que otorgan las Cajas de Compensación, específicamente en lo que concierne a la solicitud y otorgamiento de dicha prestación tratándose de funcionarios de organismos públicos afiliados que se rijan por las disposiciones contenidas en la Ley N°18.834. Lo anterior, con la finalidad de implementar el nuevo criterio jurisprudencial establecido por la Contraloría General de la República a través de sus dictámenes N°s 3.646, de 2 de febrero de 2017 y 8.591, de 13 de marzo de 2017 y lo resuelto en la materia por la Excma. Corte Suprema, mediante fallo de 19 de marzo de 2018 (N° de ingreso 35.110-2017).
De este modo, mediante las instrucciones contenidas en la Circular N° 3.355, de 23 de abril de 2018, se instruyó a las C.C.A.F. que tratándose de trabajadores dependientes que tengan la calidad de funcionarios de organismos públicos que se rijan por las normas de la Ley N° 18.834, debe aplicarse a los descuentos por concepto de crédito social que éstos soliciten, lo establecido en el inciso segundo del artículo 96 de la Ley N°18.834. Es decir, en tales casos, el porcentaje máximo de descuento mensual no puede exceder el 15% de la remuneración del afiliado, límite previsto por la norma precedentemente aludida. Junto con lo anterior, se estableció que, en forma previa al otorgamiento de un crédito social, las C.C.A.F. deben verificar si el solicitante figura con descuentos voluntarios en su remuneración, de manera que el descuento de los dividendos mensuales pactados con una C.C.A.F. por concepto de crédito social no exceda el límite del 15% antes citado. Además, se instruyó a las C.C.A.F. en el sentido de implementar un formato que contenga la solicitud del funcionario deudor dirigida al jefe superior del servicio en orden a practicar sobre sus remuneraciones el descuento de los respectivos dividendos de crédito social y se estableció que una vez autorizado el descuento en cuestión por la entidad empleadora pública, ésta se encuentra obligada a efectuar las deducciones correspondientes a los dividendos mensuales pactados, debiendo retenerlos y remesarlos a la Caja de Compensación acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.
Finalmente, en cuanto a la vigencia de las instrucciones antes referidas, se estableció que ellas rigen a partir de la fecha de notificación del decreto que mande a cumplir el fallo de 19 de marzo de 2018 de la Excma. Corte Suprema (N° de ingreso 35.110-2017). Lo anterior, teniendo presente lo preceptuado en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Además, cabe señalar que, en el contexto de las instrucciones contenidas en la ya citada Circular N°3.355, esta Superintendencia emitió el Oficio Ord. N°28.331, de 31 de mayo de 2018, informando sobre el alcance de las mismas a Subsecretarías, Intendencias y Jefes Superiores de Instituciones y Servicios Públicos.
Finalmente, por medio de Oficio Ordinario N° 29591, de 6 de junio de 2018, a raíz de la diversa interpretación sobre la época y obligaciones que afectaba el dictamen N° 3.646 de 2017, tal como lo hizo presente el Ministerio de Salud, este Organismo Fiscalizador ofició a Contraloría General, a fin que emita un pronunciamiento respecto a la vigencia y aplicación del nuevo criterio jurisprudencial contenido en el dictamen en cuestión.
Por otra parte, es necesario indicar que la Circular N°2.052 de esta Superintendencia, establece en su número 5.3 que tanto las renegociaciones como las reprogramaciones del crédito social deberán efectuarse en forma presencial en las oficinas de la C.C.A.F., sin embargo, expresa la normativa, las reprogramaciones por causa de licencia médica, no pago por parte del pagador de la pensión o disminución del monto de la pensión, se podrán realizar en forma automática, siempre que esto haya sido considerado en el pagaré.
Es en este contexto normativo y fáctico que se debe analizar la petición que la efectuado la C.C.A.F. Los Héroes, en el sentido de autorizar diferir las cuotas de los créditos sociales que fueron afectados por la errónea interpretación y aplicación inicial del dictamen N° 3.646, de Contraloría General, por parte de algunos servicios públicos.
Sobre el particular, y tal como se indicó precedentemente, esta Superintendencia ha establecido que tanto la reprogramación como la repactación de los créditos sociales debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, por cierto, el consentimiento debe ser no sólo expreso, sino que presencial entre las partes obligadas.
Sin embargo, la normativa también permite que, en casos excepcionales, debidamente justificados y por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes involucradas directamente en el crédito social, se efectúen reprogramaciones en forma unilateral, tales como licencia médica, no pago por parte del pagador de la pensión o disminución del monto de la pensión, se realicen reprogramaciones en forma automática.
En este sentido, la situación que se ha producido con los efectos y alcances del dictamen de Contraloría General de la República, a raíz del fallo de la Excelentísima Corte Suprema, ha generado que algunos Servicios Públicos, entre ellos Gendarmería de Chile, según indica la entidad recurrente, a raíz de su propia interpretación de lo resuelto, no haya efectuado descuentos de los créditos sociales de sus funcionarios afiliados a la citada Caja de Compensación, provocando con ello que los créditos en cuestión se transformen en morosos y, además, la necesidad que la Caja de Compensación recurrente deba efectuar un mayor provisionamiento para cubrir eventuales pérdidas.
Al respecto, esta Superintendencia aprueba que en los casos que la mora (de la cuota o parte de ella) se haya producido debido a una errónea interpretación, por parte de alguna entidad empleadora pública, del dictamen N°3646, de 2 de febrero de 2017, la respectiva Caja acreedora pueda reprogramar automáticamente el correspondiente crédito social, aun cuando dicha causal no se encuentre considerada en el pagaré. En todo caso, las reprogramaciones que se efectúen no deberán implicar costo adicional alguno para los respectivos deudores.
Para el efecto anterior, será necesario que se ha reanudado el descuento regular por planilla y que se notifique al deudor mediante carta y/o mail y/o notificación al empleador. Por consiguiente, al momento de reprogramar el crédito social la Caja podrá volver el crédito a la categoría de riesgo que presentaba antes del incumplimiento de la obligación por la causal en comento.
En caso de trabajadores del Sector Público que también hayan sido afectados por esta situación, pero que sus empleadores no la hayan corregido, la Caja podrá reprogramar esos créditos en los términos solicitados, volviendo el crédito a la categoría de riesgo que presentaba antes del incumplimiento de la obligación, pudiendo establecer una provisión adicional para este grupo de créditos.