1.- Ha recurrido a esta Superintendencia el interesado, solicitando la intervención de este Organismo de modo que la Caja de Compensación que usted administra de cumplimiento al acuerdo de acreedores contenido en la Resolución Exenta, de 3 de diciembre de 2015, de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, dictada en el marco del Procedimiento Concursal de la Persona Deudora, materia regulada en el Título V de la Ley N°20.720.

En su presentación, el interesado expone que conforme a la Resolución Exenta precedentemente aludida, la deuda que por concepto de crédito social mantiene con la Caja de Compensación, debe ser cobrada en 130 cuotas de $84.808, no obstante lo cual dicha entidad ha continuado efectuando descuentos sobre sus remuneraciones por el monto originalmente pactado, es decir $322.321 mensuales, suma que a causa de las dificultades económicas por las que atraviesa no le resulta posible afrontar y perjudica, además, el acuerdo alcanzado con el resto de sus acreedores.

2.- Requerida al efecto la C.C.A.F. que usted administra, remitió información sobre la situación crediticia del interesado quien mantiene vigente el crédito social, otorgado a dicho trabajador el 6 de enero de 2014 por un monto de $12.267.682 en 60 cuotas de $347.887, con vencimientos a contar del 28 de febrero de 2014, suma que fue utilizada para pagar el saldo de dos créditos sociales anteriores, correspondientes a los folios N°s 101257572 y 101290419, entregándose al interesado, un diferencial de $360.000.

En cuanto al reclamo formulado por el interesado, vinculado con el incumplimiento del acuerdo referido en el punto anterior, expone que los procedimientos de renegociación de la Ley N° 20.720, de deudores que entre otras obligaciones mantienen deudas por concepto de crédito social, corresponden a procedimientos concursales similares a los convenios judiciales contemplados de la Ley N° 20.080, antigua Ley de Quiebras, motivo por el cual los acreedores preferentes no pueden quedar obligados por los acuerdos de renegociación, a menos que participen en las audiencias de renegociación y renuncien a su privilegio. Esto último, de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 de la antigua Ley de Quiebras.

Agrega la Caja que al ser derogada la antigua Ley de Quiebras por la Ley N° 20.720, esta última no reguló la situación de los acreedores preferentes, es decir, no expresó si dichos acreedores debían o no quedar obligados por los respectivos acuerdos de renegociación. Sin embargo, sostiene que en el silencio de dicha norma corresponde interpretar que las preferencias no pueden ser vulneradas por los acuerdos de renegociación adoptados por la mayoría de los acreedores valistas.

De este modo, a juicio de la C.C.A.F., los procedimientos de renegociación previstos en la Ley N°20.720 al ser equivalentes a los antiguos convenios judiciales preventivos, tienen el carácter de concursales, tanto en la etapa de cumplimiento de los acuerdos de renegociación, como en la de ejecución o de liquidación, o cuando fracasa la renegociación o el deudor no cumple con lo pactado. A mayor abundamiento, señala la Caja que el carácter concursal de estos procesos queda en evidencia con el nombre del Título V de la Ley N° 20.720, que los regula, denominado "De los Procedimientos Concursales de la Persona Deudora".

Por tanto, señala que los acreedores preferentes del artículo 2.472 del Código Civil no pueden ser afectados en el cobro regular de sus créditos en la forma y por los montos pactados originalmente.

Más aún, expone que la Ley N° 20.720 mejoró la posición de privilegio de los créditos sociales de las C.C.A.F. puesto que elevó la preferencia de las cotizaciones previsionales al N° 5 del artículo 2.472 del Código Civil, que antes figuraba en el N° 6. Dicha norma, agrega, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, debe ser aplicada a los créditos sociales que otorgan las C.C.A.F.

A mayor abundamiento, señala que la propia Ley N°20.720, a través de su artículo 398, modificó el antes citado artículo 22 de la Ley 18.833 sólo en lo relativo al procedimiento concursal de un empleador respecto de las obligaciones de crédito social de sus trabajadores, sin decir nada en lo concerniente al procedimiento concursal del propio deudor del crédito.

Sin embargo, expone que la Superintendencia de Insolvencia se ha negado a reconocer la preferencia de los créditos de las C.C.A.F. en los procesos de renegociación, incorporándolos como valistas en la nómina de créditos al citar a la audiencia de determinación de pasivo y negándose a dejar constancia en las actas de la preferencia alegada.

Asimismo, agrega que la Caja se ha visto obligada a presentar en cada caso reclamos ante esta Superintendencia, alegando, después de las audiencias de determinación de los pasivos, la preferencia de que gozan los créditos sociales, ya que en las respectivas actas, la autoridad dejaba constancia que, luego de una deliberación y debate, con el voto favorable de la persona deudora y del 100% de los acreedores asistentes, se había aprobado la nómina de pasivos en las que se incorporaba a la C.C.A.F., como valista, en circunstancias que ello no era efectivo, puesto que la Caja había alegado la preferencia y se le negaba el derecho a dejar constancia de ello en el acta. Expone la Caja que, en tales casos la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento estaría infringiendo su obligación legal, prevista en los artículos 263 N°2 y 265, inciso tercero de la Ley N°20.720, de incorporar a la nómina de pasivos las preferencias invocadas por los respectivos acreedores. En tal sentido señala que, según se les ha informado, la antes referida Superintendencia, a diferencia de lo que ocurre con los créditos sociales, reconoce la preferencia que ampara a las cotizaciones previsionales adeudadas a las AFP, determinando que corresponde pagarlas sin afectar sus montos, plazos e interés. Lo anterior, a pesar que tanto dichas obligaciones previsionales como los créditos sociales que otorgan las C.C.A.F. se encuentran considerados en la misma causal de preferencia del N°5 del artículo 2472 del Código Civil.

Ahora bien, en cuanto a la situación del interesado, señala que dicho caso corresponde a uno de aquellos en que la Superintendencia de Insolvencia ha desconocido la preferencia de la Caja para efectuar el cobro del crédito social adeudado. En efecto, expone que según consta en la página 3 de la Resolución Exenta, de 13 de octubre de 2015, el acta de audiencia de determinación del pasivo da cuenta de haberse aprobado, supuestamente por el 100% de los acreedores, la nómina de pasivos en la que figura el crédito de la Caja como valista. Además, señala que en la página 6 de la misma Resolución, donde consta el registro de asistencia, aparece la firma de la representante de la Caja, quien al suscribir dicho registro tarjó la palabra "valista", escribiendo de puño y letra "acreedor preferente", observación que la Superintendencia de Insolvencia no consideró.

Al respecto, expone la Caja que, posteriormente, con fecha 26 de octubre de 2015, presentó ante la citada Superintendencia una carta alegando la preferencia que no se quiso reconocer en la audiencia de determinación de los pasivos del interesado, sin embargo la C.C.A.F. terminó siendo incorporada como acreedor valista en el acta de la audiencia de renegociación inserta en la Resolución Exenta, de 18 de noviembre de 2015.

Señala la C.C.A.F. que sólo una vez dictada la Circular conjunta N° 3.203, de 4 de febrero de 2016 - fecha posterior al proceso de renegociación del interesado-, la Superintendencia de Insolvencia ha comenzado a reconocer la referida preferencia en las audiencias de determinación de pasivos.

Finalmente, expone que el acuerdo de renegociación en comento, al no haber renunciado la Caja a su preferencia legal, infringiría las instrucciones impartidas por esta Superintendencia a través de la Circular N°2.052, de 2003 y sus modificaciones, conforme a las cuales las C.C.A.F no pueden condonar obligaciones o reprogramarlas a cualquier plazo y con rebajas de tasas de interés, salvo situaciones de contingencia social muy excepcionales de los deudores. Además, expone que los Directorios y la Administración de las C.C.A.F. se encuentran obligados a cautelar el patrimonio del Fondo Social e intentar la recuperación de los valores prestados, utilizando todos los medios legales disponibles.

3.- Sobre el particular y tal como esa entidad señala, la dictación de la Circular N° 3.203, conjunta de esta Superintendencia y de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que estableció el procedimiento que deben seguir las C.C.A.F. al ser citadas a las audiencias de determinación de pasivo de sus afiliados cuando estos se han acogido al procedimiento de renegociación de la Ley N°20.720, ha permitido regularizar la situación planteada en el punto anterior, relativa al reconocimiento en las audiencias de determinación de pasivo de la preferencia de que gozan los créditos sociales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes acompañados, en el caso del interesado, se advierte que la renegociación pactada con sus respectivos acreedores en el marco del Procedimiento Concursal de la Persona Deudora tuvo lugar en forma previa a la emisión de la Circular precedentemente aludida, circunstancia que determinó que la preferencia del crédito social en cuestión no fuera reconocida en el acuerdo alcanzado entre el recurrente y sus acreedores.

Al respecto y sin perjuicio de lo establecido en la ya citada Circular N°3.203, se debe tener presente que el hecho que el interesado se haya sometido al procedimiento concursal previsto en el Título V de la Ley N°20.720, permite inferir que dicho afiliado se encuentra en una situación socioeconómica grave, motivo por el cual se insta a la Caja de Compensación que usted administra para que en su calidad de entidad de previsión social y de conformidad con las normas contenidas en la Circular N°2.052, de 2003 y sus modificaciones, suspenda el descuento de los respectivos dividendos y cite al deudor para reprogramar el crédito en las condiciones establecidas en la aludida Resolución Exenta, o en otras que le sean favorables, dentro de los límites vigentes en cuanto al porcentaje máximo de descuento. Junto con lo anterior, se solicita a la Caja de Compensación que evalúe la alternativa de reembolsar al interesado, los montos descontados sobre sus remuneraciones, conforme al valor original de la respectiva cuota de crédito social, efectuados luego de dictada la Resolución Exenta, de 3 de diciembre de 2015. Lo anterior, con la finalidad que dichos montos sean considerados en la reprogramación que se pudiere llevar a cabo.

Finalmente y para los efectos señalados, se remite copia de las liquidaciones de sueldo del interesado, correspondientes a los meses de diciembre de 2015 y de enero y febrero de 2016, en los que figuran descuentos por el monto original del respectivo dividendo pactado.

De lo obrado en el caso del interesado, la C.C.A.F deberá informar a esta Superintendencia en un lapso no superior a 10 días, contado desde la fecha del presente Oficio.