1. Se ha solicitado por la Subsecretaría de Previsión Social, un informe sobre los descuentos que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) practican a la remuneración de los deudores de crédito social, a través de una C.C.A.F. distinta de aquella que lo concedió, conforme al sistema integrado de recaudación, denominado "Intercajas". Además, solicita que este análisis haga referencia a los fallos de la Corte Suprema, en causas Rol N°73938-2016 y ROL N°37.889-2017, ambos de la Tercera Sala de la Excma. Corte, que acoge los recursos de protección interpuestos por los trabajadores deudores, en contra de las correspondientes Cajas de Compensación, por haber efectuado descuentos de sus remuneraciones. El primer fallo, se fundamenta en que se verifican los descuentos en virtud de saldos de un crédito social, cuya acción de cobro había sido declarada prescrita por los tribunales de justicia, transformándose así la obligación en natural, razón por la que su pago requiere un acto voluntario del deudor, no pudiéndose efectuar descuentos de sus remuneraciones sin aquel consentimiento. En el segundo de dichos fallos, la Excma. Corte lo acoge porque la Caja no cuenta con título ejecutivo que respalde dicha obligación (no existe pagaré) y si bien las acciones para perseguir el pago del crédito no han sido declaradas prescritas, han transcurrido 82 meses antes del descuento controvertido, sin que haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento y, en este contexto, la Caja procedió al descuento de las remuneraciones por el empleador, reviviendo y forzando de manera unilateral este beneficio.
En ambos casos, la Corte Suprema se ha pronunciado acogiendo el recurso de protección, declarando el cese de los descuentos y su restitución a los deudores.
Al respecto, la Subsecretaría formula las siguientes preguntas:
a) Si las Cajas de "A" y "B", dieron cumplimiento a la normativa que regula la cobranza judicial del crédito social adeudado, incluidas las instrucciones de esta Superintendencia.
b) Si este pronunciamiento de la Corte Suprema implica la necesidad de ajustar las instrucciones de esta Superintendencia, respecto a la cobranza de crédito social.
c) Si el funcionamiento de Intercajas, que involucra la aplicación de descuentos, se ajusta al criterio manifestado por la Corte Suprema en estos fallos.
Las consultas planteadas hacen necesario referirse respecto al sistema integrado de recaudación, utilizado por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, denominado "Intercajas". Este sistema opera a través de un mandato de las Cajas firmantes, facultando a SINACOFI (Sistema Nacional de Comunicación Financiera) para gestionar la información y recaudación de aquellos créditos tomados por ex afiliados a ellas, este sistema se funda en un acuerdo entre las C.C.A.F., consistente en que la Caja de actual afiliación debe informar y descontar las deudas que los afiliados mantengan vigentes con aquellas Cajas donde originalmente solicitaron los créditos, para luego remezar dichas recaudaciones a estas últimas.
Desde el punto de vista de su legalidad, el Sistema Intercajas no tiene inconvenientes, toda vez que se trata de un mandato directo de las Cajas, a otras Cajas y a SINACOFI, dentro del ámbito de las facultades legales que poseen, en su calidad de entidades de seguridad social, otorgadas por la Ley N°18.833 (Art. 1° y N°12 del Artículo 41°). En esta materia, cabe señalar que las C.C.A.F. han concedido un mandato dentro del marco legal de sus facultades y atribuciones, como entidades gestoras de la Seguridad Social. Así, el uso de la información se ha ajustado a la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada; responsabilizando a SINACOFI y a las propias entidades mandantes de garantizar su cumplimiento, mediante los respectivos contratos y mandatos.
En relación a la facultad de Intercajas para efectuar los descuentos, el artículo 22° de la Ley N° 18.833, en su inciso primero, establece "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales." Por ende, es obligación de orden legal que la entidad empleadora efectúe el descuento de la cuota mensual del crédito social.
En consecuencia, la recaudación que se efectúa a través de Intercajas, en nombre de las respectivas C.C.A.F. acreedoras de crédito social, se funda en la protección del Fondo Social y se encuentra ajustada al marco normativo legal.
Cabe señalar, en cuanto a si la normativa sobre Crédito Social emitida por esta Superintendencia requerirá ajustes, en consideración a lo resuelto en los citados fallos de la Corte Suprema, que la referida normativa se encuentra contenida en forma sustancial en la Circular N°2052 y sus modificaciones y en relación a los afiliados trabajadores dependientes dispone, en el Capítulo Recaudación del Crédito Social, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la C.C.A.F acreedora, debiendo regirse por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, conforme a los artículos 22 de la Ley Nº 18.833 y 11 del D.S. Nº 91, de 1978.
Además, es determinante en este análisis, relevar el rol de las C.C.A.F., que según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 18.833, son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, el actual empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que los trabajadores adeuden por concepto de crédito social, siempre que dicha suma no supere el 25% de su remuneración líquida, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con la autorización del trabajador.
Como se ha señalado precedentemente, los citados preceptos establecen un mecanismo especial de pago, que es inherente al Régimen de Crédito Social de las C.C.A.F, por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal del inciso primero, del artículo 22° de la Ley N°18.833, corresponde que el empleador le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, conforme lo señala el inciso segundo del mismo artículo, en relación con lo señalado por el Nº 1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella. Esto es trascendente porque una vez pagada la remuneración, respecto de la cual se ha comprometido el pago del crédito social, el deudor no tiene incorporado a su patrimonio este monto, en consecuencia no puede disponer de esta parte de su remuneración, que constituye un descuento legal obligatorio. Esta Superintendencia se ha pronunciado en relación a que los descuentos por concepto de deuda social adeudada a las C.C.A.F., se le aplican los límites de descuento que contempla la Circular N°2052, de este origen. Al respecto, cabe hacer presente lo señalado en el citado artículo 22 de la Ley Nº 18.833, en cuanto a que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F., por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se rige por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo que dispone en su inciso primero, que el empleador deberá deducir de las remuneraciones de los trabajadores, entre otros ítems, las cotizaciones de seguridad social y las obligaciones con instituciones de previsión, entre las cuales se encuentran los descuentos por el concepto de crédito social que las C.C.A.F. otorgan a los trabajadores afiliados.
Respecto a la normativa de cobranza de crédito social en relación a los plazos transcurridos, cabe señalar que la regulación vigente en la materia no es contradictoria a lo señalado por la Corte Suprema en los fallos citados por la Subsecretaría, ya que esta Superintendencia ha señalado a través de su normativa y jurisprudencia, que no se puede cobrar un crédito social que carece de título y que será necesario que existan acciones útiles para su cobro, que la prescripción extintiva, una vez declarada, pone fin a la acción dirigida a obtener el cumplimiento de la obligación (exigibilidad), pero no extingue la obligación. Respecto de las acciones de cobro que se refieren a una deuda cuya prescripción no ha sido declarada, esta Superintendencia ha seguido la tesis de la gran mayoría de la Doctrina (Estudio de la Universidad de Chile, Separata sobre Las obligaciones naturales del Profesor Gil Ljubetic), que argumentan que la obligación civil no se transforma en natural por el mero transcurso del tiempo, señalando que mientras ésta última no sea declarada por los tribunales de justicia, existe la obligación y, en la especie, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora ; en circunstancias, que si no es alegada y declarada el pago o descuento en este caso, representa el cumplimiento de una obligación civil. En este mismo sentido, se pronuncia la Corte Suprema, en su fallo de 22 de noviembre de 2017, de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Rol N°16.679-2017, en su considerando undécimo.
Sobre este punto, debe destacarse que el efecto de la prescripción de las acciones ha sido expresamente señalado por la ley; así en cuanto a la prescripción de la acción ejecutiva del pagaré le es aplicable lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N°18.092, que dispone: "El plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento.". En consecuencia, transcurrido el lapso de tiempo señalado por la ley respecto de la acción ejecutiva derivada del pagaré que es de una año y declarada su prescripción, subsiste la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo cuyo plazo de prescripción es de 5 años contado desde que la deuda se hizo exigible. Esto es, sin perjuicio de que la prescripción debe ser alegada y declarada y que mientras ello no ocurra, la única consecuencia posible es la subsistencia de la obligación civil, que como tal, no se extingue hasta que se declare su prescripción por los tribunales de justicia.

2. En relación a las interrogantes planteadas:
a) En esta materia, en particular, el numeral 17.2 de la referida Circular N°2052, regula la cobranza de créditos morosos y al respecto señala lo siguiente:
"Las C.C.A.F. deberán realizar siempre a lo menos una gestión útil de cobranza extrajudicial, sin cargo para el deudor, cuyo fin sea el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los primeros quince días siguientes a aquel en que el empleador, entidad pagadora de la pensión o el trabajador independiente debía enterar la cuota correspondiente, enviando carta de cobranza al deudor principal y, si procede, copia a sus avales. Dicha carta y su copia deberán ser remitidas a los domicilios particulares del deudor principal y avales."
"La cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General basado en razones fundadas y de acuerdo a las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F, estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido."
"En los respectivos contratos de cobranza que las C.C.A.F celebren con entidades o abogados externos, deberán contemplar, entre otras, cláusulas orientadas a cautelar la debida custodia de los pagaré y la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, el estado de tramitación del cobro de los pagaré respectivos."
Por otra parte, existe abundante jurisprudencia de esta Superintendencia, en la que se exige a las C.C.A.F., como requisito para perseguir el pago de los créditos sociales, la existencia del título de la deuda, sin cuya exhibición no se admiten las acciones de cobro.
Sobre esta materia, cabe señalar también, que se ha instruido a las C.C.A.F., respecto a sus afiliados pensionados, en el sentido que las cuotas atrasadas de un crédito anterior deberán descontarse al final de la deuda del crédito social que se estuviera descontando, respetando los límites de plazos otorgados y el porcentaje de endeudamiento. En consecuencia, conforme a la Circular N°2052, citada, no debería acontecer que se descuente de la remuneración o pensión liquida de una persona, un porcentaje superior al indicado como tope.
En consecuencia, en relación a la primera interrogante planteada, respecto del cumplimiento de las Cajas mencionadas en el fallo N°37889, de 2017, de la Corte Suprema, las entidades infringen la normativa e instrucciones emitidas por esta Superintendencia, constituyéndose en infractoras, por lo que sus acciones darán lugar a las correspondientes medidas de fiscalización y eventual apertura de un proceso sancionatorio.
b) La respuesta a la segunda pregunta realizada, se encuentra contestada con los argumentos mencionados respecto de la primera respuesta. Entonces el criterio de la Corte Suprema no implica la necesidad de ajustes de la normativa emitida por esta Superintendencia o su jurisprudencia en la materia, por encontrarse ésta en concordancia con aquella. Sin perjuicio de continuar con el proceso de perfeccionamiento de la regulación de crédito social, que incorpora para estos efectos la información obtenida a través de los procesos de fiscalización.
c) En cuanto a la consulta referida al Sistema Integrado de Recaudación, nos remitimos a lo señalado en el punto primero del presente Oficio y que no contraviene el criterio contenido en los fallos consultados, sin perjuicio de que esta Superintendencia considera, que en los casos sobre los que se pronuncian los citados fallos, las Cajas no debieron efectuar el descuento.

3. Finalmente, cabe señalar que el criterio de la Corte Suprema, expresado en estos fallos no es uniforme, por cuanto en sentencia de 2 de noviembre de 2017, Rol N°16.679-2017, la misma Sala de la Corte dicto un fallo rechazando el recurso de protección interpuesto por un deudor de las C.C.A.F. sobre descuentos efectuados por concepto de cobro de crédito moroso. En este caso, la Corte Suprema argumenta, en su décimo considerando, que las razones para aplicar los descuentos de remuneraciones se sostiene en facultades legales y contractuales, ratificando la jurisprudencia que en este sentido ha dictado la Corte Suprema en fallos anteriores, de las siguientes causas rol N°18.404-2015, 15.032-2016, 19.666-2016 y 22.223-2016.

4. De acuerdo a lo señalado precedentemente, esta Superintendencia ha dado respuesta a las consultas efectuadas por esa Subsecretaría.