1.- Mediante el Oficio citado en antecedentes, se notificó a esta Superintendencia sobre el acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados, en orden a que se le informara sobre las razones en cuya virtud se determinó intervenir la Caja de Compensación, como asimismo los efectos de dicha intervención respecto de los créditos sociales y beneficios que la citada entidad otorgaba a sus afiliados, especialmente tratándose de pensionados.

2.- Sobre el particular, cumplo con informar a usted que de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley N°16.395, Orgánica del Servicio, y 3° de la Ley N°18.833, que contiene el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), corresponde a esta Superintendencia ejercer la fiscalización y supervigilancia de dichas entidades de previsión social.

Ahora bien, en cuanto a la facultad de este Organismo para declarar la intervención de una Caja de Compensación, cabe señalar que ella se encuentra prevista en el artículo 57 de la Ley N° 18.833, precepto que contempla entre las causales que permiten ejercer dicha facultad, el hecho de estimar esta Superintendencia que una C.C.A.F. ha incurrido en incumplimiento grave y reiterado de las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias que las rigen o de las instrucciones que ella hubiere impartido, que perjudiquen la marcha de la entidad (N°1 del artículo 57 de la Ley N°18.833).

Teniendo presente lo anterior y luego de evaluar el comportamiento de la Caja de Compensación, desde el punto de vista de los diversos incumplimientos tanto de dictámenes como de instrucciones impartidas por esta Superintendencia, se estimó que correspondía declarar la intervención de la misma, de conformidad con la causal precedentemente aludida.

En efecto, tal como se indica en la Resolución Exenta, de 30 de octubre de 2015, a través de la cual este Organismo Fiscalizador declaró la intervención de la citada C.C.A.F., se tuvo a la vista, entre otros, el incumplimiento por parte de la Caja de las instrucciones contenidas en los Oficios N°s. 38.926, de 22 de junio de 2015 y 51.482, de 14 de agosto de 2015, mediante los cuales se indicó a ésta constituir provisiones adicionales por MM$2.500, que se reflejaran en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el punto IV.4, "Cambios en las clasificaciones" de la Circular N°2.588, de 2009. Ello, teniendo presente que las provisiones constituidas no correspondían efectivamente al riesgo de su cartera de colocaciones. Además, se instruyó a la Caja reversar los Estados Financieros.

Junto con lo anterior, se tuvo en consideración el incumplimiento por parte de la C.C.A.F. , de las siguientes Circulares, emanadas de esta Superintendencia:

a) Circular N°3.067, de 2014, letra a) del punto 6 de la misma, en lo concerniente a las funciones que, como mínimo, debe ejercer al Comité de Auditoría del Directorio de una Caja de Compensación, entre las cuales figura la de supervigilar y pronunciarse sobre los resultados de las auditorías internas y externas y sobre el control de gestión de la C.C.A.F. y ponderar los riesgos tanto de orden financiero como operativo a los que se encuentre expuesta la C.C.A.F.

b) Circular N°2980, de 2014, Título II de la misma, en lo relativo a la obligación que asiste a las C.C.A.F. de informar a esta Superintendencia determinados hechos que revisten el carácter de relevantes relacionados con los Estados de Resultados de los Estados Financieros, en el plazo y forma establecidos en dicha Circular. En tal sentido, fue posible establecer que la Caja de Compensación La Araucana no informó hechos tales como el cambio en la clasificación de riesgo efectuado por FitchRatings, el 30 de junio de 2015; el rechazo de las notas de clasificación efectuado por la Comisión Clasificadora de Riesgo, el 13 de agosto de 2015 y la baja en el valor del bono más transado BCCA-E0115, producto del aumento en la tasa desde 5,9% a 12,3%, acontecido el 27 de julio de 2015.

c) Circular N° 2.358, de 2007, modificada por la Circular N° 2.763, de 2011, en cuanto a la obligación de las C.C.A.F. de remitir mensualmente a esta Superintendencia un Informe Financiero sobre el Fondo para Subsidios por Incapacidad Laboral, con sus respectivos respaldos, respecto de sus trabajadores afiliados afectos al Código del Trabajo del sector privado, de las empresas autónomas del Estado y de aquéllas en que éste o las entidades del sector público tengan participación mayoritaria y de los regidos por la Ley N° 19.070.

d) Circular N° 2.502, de 2008, modificada por la Circular N° 2.842, de 2012, que impartió instrucciones a las C.C.A.F. en materia de administración del riesgo de liquidez, estableciendo en su punto 8.2 que a dichas entidades de previsión social les asiste la obligación de enviar trimestralmente a este Organismo Fiscalizador un test de estrés por riesgo de liquidez que permita el correcto monitoreo de su gestión. En relación con lo anterior, se verificó que la Caja de Compensación La Araucana no remitió el test de estrés correspondiente al segundo trimestre del año en curso, cuyo plazo de entrega vencía el 31 de julio de 2015.

La situación antes referida determinó que esta Superintendencia estimara que la C.C.A.F. incurrió en incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones que se le han impartido, perjudicando gravemente su marcha. En efecto, se estimó que los incumplimientos en cuestión tenían el carácter de graves, considerando específicamente el descrédito tanto de la reputación como de la confianza de la Caja en los mercados de valores, en sus afiliados y en el público en general, al haber manipulado ésta sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, presentando resultados favorables al mercado de modo de acceder a mejores condiciones de financiamiento y otorgar bonos por desempeño a su alta administración, circunstancias que no habrían acaecido si se hubiere sincerado la real situación financiera de la Caja y acatado oportunamente las instrucciones impartidas por esta Superintendencia. En relación con los bonos por desempeño otorgados a la alta administración de la Caja, cabe precisar que ellos fueron devueltos en virtud de lo dictaminado por este Organismo Fiscalizador a través de su Oficio N°51.482, de 14 de agosto de 2015, en orden a que la reemisión de los Estados Financieros de la Caja debía producir efecto respecto de todos aquellos beneficios que se hubieren derivado de sus resultados, tales como bonos, gratificaciones u otros, correspondiendo que éstos se ajustaran y se vieran reflejados en el Estado Financiero del 31 de diciembre de 2014, reemitido.

A mayor abundamiento, el incumplimiento grave de instrucciones por parte de la C.C.A.F. se vinculó también con la inobservancia de Circulares emanadas de este Organismo Fiscalizador, relativas al manejo de recursos fiscales para el pago de subsidios maternales, materia que fue objeto de un procedimiento sancionatorio en cuya virtud se aplicaron multas a dicha entidad (Resolución Exenta N° 10, de 23 de enero de 2015, de esta Superintendencia).

3.- En cuanto a los efectos de la intervención decretada, cumplo con señalar a usted que la persona designada como interventor - en este caso el ingeniero comercial Sr. Robert Rivas Carrillo-, debe asumir las funciones tanto del Directorio como del Gerente General de la Caja, quienes, mientras se mantenga vigente la intervención, quedan suspendidos en sus funciones y sin derecho, por tanto, a percibir dietas y remuneración, respectivamente. En lo relativo a la duración de dicha intervención, hago presente a usted que en el caso de la C.C.A.F. , ésta fue decretada por un lapso de seis meses a partir del 30 de octubre de 2015, lapso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N°18.833, puede ser ampliado, por una sola vez, hasta por seis meses más. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de esta Superintendencia para sustituir, en cualquier tiempo, al interventor que hubiere designado.

Respecto de la gestión realizada por el interventor, cabe señalar que éste, al término de sus funciones, debe presentar a la Superintendencia un informe circunstanciado de la misma, sin perjuicio de lo que este Organismo Fiscalizador pudiere solicitarle cuando lo estime conveniente.

Finalmente, en lo relativo a los efectos de la intervención respecto de los créditos sociales y beneficios otorgados por la C.C.A.F. a sus afiliados, especialmente pensionados, hago presente a usted que el otorgamiento de prestaciones legales de carácter previsional, es decir, tanto el pago de licencias médicas de trabajadores adscritos a FONASA como la compensación de asignaciones familiares a las entidades empleadoras afiliadas, se encuentra debidamente garantizado, dado que éstas se financian con recursos fiscales. Además, respecto de los créditos sociales ya otorgados y las prestaciones adicionales y complementarias vigentes, ellos no se verán alterados o modificados por la intervención decretada como tampoco por la situación financiera coyuntural en que se encuentra la Caja, la que sólo involucra a su administración y a sus acreedores, no afectando a trabajadores ni a pensionados afiliados.