1.- Por el oficio señalado en el antecedente, US. ILTMA. en Acción de Protección, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar, ha ordenado a esta Superintendencia informar al tenor de los antecedentes a que se han referencia en el referida acción cautelar, dentro del plazo de 5 días. Asimismo, requiere se remitan la totalidad de los antecedentes, relacionados con el caso, que existan en poder de esta institución de control.

La recurrente, en resumen, argumenta que su empleador junto con la liquidación de su remuneración del septiembre de 2016, le habría notificado que la Caja de Compensación recurrida le habría notificado sobre un descuento que le haría la misma para servir una deuda que mantendría con la Caja de Compensación de Asignación Familiar.

2.- Sobre el particular, esta Superintendencia en cumplimiento de lo ordenado por US. ILTMA. debe manifestar, en primer término, que no cuenta con los antecedentes del caso de lainteresada, toda vez que hasta la fecha no existe un reclamo efectuado por ella u otra persona respecto de dicha materia.

Sin perjuicio de ello, en lo que respecta al descuento que la recurrente anuncia le hará su empleador por mandato de la Caja de Compensación recurrida, cabe hacer presente a ese ILTMO. Tribunal que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 del D.S N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establecen un sistema especial de pago para las obligaciones contraídas por los trabajadores por concepto de crédito social. Para tales efectos, lo adeudado por dicho concepto a una Caja, debe ser deducido de la remuneración del trabajador por la empresa empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose esta obligación por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

De conformidad con estos preceptos legales y la reiterada jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, el mecanismo de pago del crédito social opera mediante el descuento de éste de las remuneraciones del trabajador, retención que la empresa o entidad empleadora afiliada tiene la obligación legal de efectuar y luego remesar a la Caja acreedora.

En cuanto a las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar descuentos de cuotas impagas a los empleadores, cabe precisar ello se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Al respecto, se debe señalar que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar conforme con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N°18.833, son instituciones de previsión social cuyo objeto exclusivo es el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, como es el crédito social. Por tal razón, los empleadores se encuentran obligados a deducir de las remuneraciones de sus trabajadores las cantidades adeudadas por concepto de crédito social con el fin de remitirlas a la Caja acreedora, debiendo regirse dichas deducciones por las mismas normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales, conforme con lo establecido en el artículo 22° de la ley ya mencionada.

En cuanto a lo argumentado por la recurrente en relación con que el monto a descontar de su remuneración sería ilegal y arbitrario, pues es de un 21% de su remuneración, cabe precisar que como ya se indicó al tener Cajas de Compensación de Asignación Familiar la calidad de entidades de previsión social y según lo prescribe el artículo 22 de la misma ley, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

En consecuencia, por tener dichos descuentos el carácter de legales, no están afectos a los topes del inciso segundo de la citada norma, esto es, al 15% de la remuneración. Además, el empleador se encuentra obligado a practicar los descuentos, no requiriendo al efecto ninguna autorización o petición del trabajador en tal sentido, ya sea que el crédito social haya sido contraído por el trabajador mientras prestaba servicios en otra empresa o en la misma y estuviera afiliado a otra o a la misma C.C.A.F.

Ahora bien y de acuerdo con lo antes expuesto, la sección 10.2) de la Circular N° 2.052 de 2003, mediante la cual esta Superintendencia imparte instrucciones sobre el Régimen de Prestaciones de Crédito Social administrado por la C.C.A.F., se estableció que la cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración líquida mensual, renta o pensión liquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente. De tal forma, las Cajas de Compensación al otorgar a un solicitante un crédito social deben cautelar que el valor de las cuotas no supere como máximo el 25% de la remuneración o renta del trabajador o de la pensión líquida mensual del afiliado pensionado. Para ello, se deben basar en las cantidades indicadas en la liquidación de sueldo que el interesado presenta al momento de pactar el crédito, siendo el monto independiente de que en fecha posterior, el deudor perciba remuneraciones de menor valor.

Para efectos de lo anterior, se entiende por remuneración o pensión liquida, el monto de la remuneración o pensión bruta mensual deducidas sólo las sumas correspondientes a cotizaciones previsionales, impuesto de segunda categoría y para el caso de los pensionados, además, el aporte a que hace referencia el inciso segundo del artículo 16 de la Ley N° 19.539.

3.- De acuerdo con el mérito de lo informado respecto de la materia consultada en la Acción de Protección, de SS. ILTMA silicito tener por cumplido lo ordenado a esta Superintendencia.