1. Mediante carta de Antecedentes, ha recurrido usted a esta Superintendencia solicitando un pronunciamiento sobre la facultad que asistiría a esa C.C.A.F. para determinar las cauciones que deberán constituir los contratantes de créditos sociales, dentro de la gama de posibilidades que considera la legislación, sin perjuicio de la excepción contenida en el N°1.7.1 de la Circular N°3.567 de 2021.

2. Sobre el particular, debe señalarse que la Circular N°3.567 de 2021, de esta Superintendencia, que refundió y complementó las instrucciones en materia del Régimen de Crédito Social que administran las C.C.A.F., estableció en su número 1.7.1, relativo a las cauciones de los afiliados activos, que estos afiliados deberán caucionar el crédito social, a lo menos, con un aval que sea trabajador de la misma empresa o un aval afiliado al Sistema C.C.A.F o con el aval de la empresa en la que se desempeña, o bien, constituir otra caución.

Por su parte, establece la misma Circular en su número 1.7.2. respecto de los afiliados pensionados, que no se les exigirá aval ni otro tipo de caución.

Considerando que, respecto de las cauciones de los afiliados activos, la Circular N°3.567 de 2021 utilizó la expresión "al menos" y teniendo presente que a las Cajas de Compensación corresponde ejecutar las acciones necesarias para resguardar el fondo social, es posible concluir que las C.C.A.F. cuentan con facultades para solicitar cauciones distintas a las señaladas en dicha Circular.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha de tener presente que, si se constituye como aval un trabajador o pensionado que no se encuentra afiliado a una C.C.A.F., no será posible descontar de sus remuneraciones o pensión lo adeudado por concepto de crédito social, toda vez que, al momento de contraerse la obligación del deudor principal, el aval no se encontraba afiliado a una entidad de previsión social como son las Cajas.

Asimismo, respecto de los afiliados pensionados, de acuerdo con lo dispuesto en el número 1.7.2 de la Circular N°3.567 de 2021, no corresponde exigir aval ni otro tipo de caución para otorgar un crédito social, quedando estas restringidas a los trabajadores.