Ud., en Investigación RUC Nº, por el delito de fraude al Fisco, ha solicitado a esta Superintendencia informar acerca de la existencia de "...dictámenes o resoluciones que se pronuncien respecto de los bienes de los servicios de bienestar de los organismos públicos, y si éstos pueden entenderse como entidades pertenecientes a la administración pública."

Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con manifestar a Ud. que el artículo 2º del D.S. N° 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento General para los Servicios de Bienestar fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad social dispone que: "Los Servicios de Bienestar se regirán por el artículo 134 de la Ley Nº 11.764, la Ley Nº 17.538, el artículo 24 de la Ley Nº 16.395, este Reglamento y sus respectivos reglamentos."

Por su parte, conforme al artículo 1° del citado DS. Nº 28, los Servicios de Bienestar del Sector Público, "...por regla general, no tienen personalidad jurídica propia, y constituyen una dependencia de la institución empleadora.", por lo que corresponde a ésta, por una parte financiar sus gastos de administración y, por la otra, proveer de la infraestructura, personal y equipamiento de oficina que fuere necesario para la realización de sus fines.

De conformidad con el precepto reglamentario que se ha señalado, esta Superintendencia, mediante, entre otros, el dictamen Nº 9.293, de 7 de marzo de 2005, ha señalado que los Servicios de Bienestar, por carecer de personalidad jurídica y ser, por tanto, una dependencia más del organismo dentro del cual fueron creados, debe entenderse que los bienes o recursos que ellos manejan no obstante estar destinados a su funcionamiento, pertenecen al organismo del cual dependen.

En el mismo sentido, la Circular Nº 1592, de 22 de agosto de 1997, mediante la cual esta Superintendencia imparte instrucciones a los Servicios de Bienestar, respecto de la administración de los servicios dependientes tales como Jardines Infantiles, Colonias de Veraneo, Casas de Reposo, Sedes Sociales, Complejos Deportivos y otras instalaciones destinadas al uso de sus beneficiarios. Al afecto, en el punto 1 de la misma, en relación con los excedentes y déficit que pudieren existir en relación con estos bienes, se aclara que: "...los Servicios de Bienestar no tienen patrimonio propio, y todos los recursos que reciben de acuerdo a la legislación pertinente y reglamentos particulares están destinados a otorgar beneficios a los afiliados. Por ello, en caso que se produzca déficit, ellos deberán ser asumidos por el Servicio o Institución que haya entregado los bienes en administración."

Por otra parte, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.886, se ha señalado que los convenios sobre adquisición de bienes muebles y servicios relativos al Servicio de Bienestar, están afectos a las normas de esa normativa legal y su reglamento, por cuanto dicho bienestar constituye una dependencia de la entidad ocurrente a través de la cual se desarrollan funciones impuestas por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, claro, en tanto la normativa sea aplicable también a la entidad empleadora.

Por lo expuesto, esta Superintendencia, ha manifestado reiteradamente que los bienes de los Servicios de Bienestar, en tanto forman parte de la institución en cuyo seno se crean como una dependencia más, tienen la misma naturaleza pública o fiscal, por cuanto es la institución que los alberga la que, de acuerdo con el marco normativo que se ha indicado, la que los ha proporcionado para el funcionamiento de los mismos, estando, en consecuencia, dichos bienes públicos afectados al uso de dicha entidades.

Con respecto a si los Servicios de Bienestar de las entidades públicas, pueden ser considerados parte de la Administración Pública, esta Superintendencia cumple con hacer presente a Ud. que, sin perjuicio de las facultades legales de esta Insitución Fiscalizadora, corresponde, en definitiva, a la Contraloría General de la República, emitir un pronunciamiento sobre el particular, de conformidad con lo prescrito en la Ley Nº 10.336, toda vez que es facultad de esa institución determinar el sentido y alcance de las normas que establecen y regulan la organización, funciones y atribuciones de los Organismos de la Administración del Estado (entre las cuales están las normas que crean los Servicios de Bienestar). De tal forma, si lo estima a bien, puede realizar dicha consulta a ese Organismo Contralor.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe hacer presente que, si bien es cierto, los Servicios de Bienestar, constituyen una dependencia de la entidad empleadora y, por lo tanto, parte del órgano público, por otra parte, no podrían ser considerados en sí un servicio público, por cuanto no cumplen funciones propias de la administración, sino que es un órgano interno, al servicio exclusivo de sus afiliados para contribuir al bienestar de los mismos, cooperando a su adaptación al medio y elevación de sus condiciones de vida, y que cuenta con una reglamentación específica, todo lo que impediría entenderlos comprendidos dentro del concepto de Administración del Estado en estricto derecho, de acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 18.575. En todo caso y como ha quedado señalado, corresponde a la Contraloría General de la República, emitir un juicio sobre el particular.

Con respecto a la materia en comento, esta Superintendencia ha emitido, entre otros; los dictámenes Nº 34.928, de 2005; Nº 1.761, de 1998; Nº 31.596, de 1998; Nº 65.892; de 2006; Nº 9.293, de 2005; Nº 24.797, de 2005; Nº 24.797 de 2005 y Nº 53.920, de 2006