Ese Servicio de Salud se dirigió a esta Superintendencia consultando sobre la procedencia de que los afiliados pasivos al Servicio de Bienestar contribuyan, además del aporte mensual que les corresponde, con el equivalente del aporte institucional, por no estar expresamente indicado en el Reglamento General para los Servicios de Bienestar fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social, aprobado por el D.S. Nº 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Además, expresa su inquietud por saber si el aporte extraordinario del 10% del aporte institucional máximo repercutirá en el cálculo del aporte de los afiliados pasivos, lo que estimaría aclarado por la Circular Nº 1648, de 1998, de esta Superintendencia, en el sentido que no lo afectaría.
Sobre el particular, esta Superintendencia manifiesta que el artículo 8º letra c) del reglamento particular del Servicio de Bienestar de ese servicio, establece que se financiará entre otros aportes con "el aporte mensual de los afiliados jubilados de hasta el 1% de sus pensiones, porcentaje que fijará anualmente el Consejo Administrativo, más la cantidad correspondiente al aporte institucional".
Pues bien, de acuerdo a la norma recién transcrita, el aporte institucional, que en el caso de los afiliados activos es de cargo del Servicio Empleador, respecto de los jubilados, es de cargo de estos mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia estima que, si las disponibilidades financieras del Servicio de Bienestar lo permiten, se pueden aplicar medidas destinadas a disminuir la carga pecuniaria que representa para los afiliados jubilados el mantenerse afiliados al Bienestar, tales como rebajar el porcentaje de sus pensiones con el que contribuyen al financiamiento (medida que, en la especie, no es aplicable por cuanto la tasa actualmente establecida asciende a la mitad de la de los activos), o suprimir derechamente la obligación de contribuir con una cantidad equivalente al aporte institucional, igualando el porcentaje de su aporte al de los afiliados activos. Esta última medida, sólo podrá adoptarse en el evento de ser financieramente viable y requerirá de una modificación a su reglamento particular.
La aplicación de soluciones como las antes señaladas se funda en el artículo único de la Ley Nº 17.538, que extendió los beneficios que otorgan los Servicios de Bienestar que operan en las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, a los funcionarios jubilados de las mismas, en las condiciones y montos que gozan los funcionarios en actividad, siempre que éstos contribuyan con su aporte pecuniario al financiamiento de tales Servicios. Dicho precepto no exige que su aporte pecuniario sea del mismo monto, pudiendo, por ende, ser menor o superior al que efectúan los afiliados en actividad, dependiendo ello de las disponibilidades financieras del Servicio de Bienestar de que se trate.
Por otra parte, con respecto al efecto que el 10% a que asciende el aporte extraordinario que se aplicará sobre el aporte institucional máximo, establecido por la Ley Nº 19.553, pueda tener en el cálculo del aporte de los afiliados jubilados, esta Superintendencia puede manifestar que, efectivamente, no repercutirá en el referido cálculo, tal como se señaló en el punto 2.- de la Circular Nº 1648, de 1998.
Sin embargo, cabe hacer presente que independientemente del referido aporte extraordinario el artículo 14 de la citada Ley Nº 19.553, también modificó el artículo 16 de la Ley Nº 19.533, que establecía una distinción consistente en que a las entidades que gozan de los beneficios especiales de salud que establece la Ley Nº 19.086 (personal del Ministerio de Salud y sus organismos dependientes, entre los que se encuentran los Servicios de Salud), no les era aplicable el monto del aporte institucional de $47.500.-, sino que seguían recibiendo el equivalente al valor del sueldo mensual del grado 28º de la E.U.S. ($42.016.- en diciembre de 1997). En virtud de esta modificación, se suprimió tal distinción, haciendo aplicable también al Ministerio de Salud y sus organismos dependientes, el mismo aporte institucional fijado para el resto de las entidades empleadoras, es decir, $47.500
Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, respecto de ese Servicio de Salud, así como del resto de las entidades que gozan de los beneficios especiales establecidos en la Ley Nº 19.086, la supresión de la primitiva distinción representa un nuevo monto del aporte institucional ($47.500.-) a partir de 1998, que, por ser superior al anteriormente contemplado ($42.016.-), ha de repercutir como tal en el cálculo del aporte de los afiliados jubilados, toda vez constituye la base de cálculo sobre la que se debe aplicar el porcentaje que estos deben paga