Para fortalecer la gestión del riesgo de fraude, las C.C.A.F. podrán establecer y mantener mecanismos de colaboración activa entre ellas y con otras entidades relevantes, tales como el Ministerio de Salud, COMPIN, FONASA, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público, y otras instituciones públicas y privadas que participan en la prevención y detección de fraudes y delitos financieros. Esta colaboración es esencial para asegurar un enfoque integral y coordinado en la lucha contra el fraude, especialmente en lo que respecta a delitos como el lavado y blanqueo de activos.