Mediante Oficio Nº 9855, de 29 de septiembre de 1992, esta superintendencia suspendió el Acuerdo de esa C.C.A.F. adoptado por su Directorio en Sesión Nº "295", de 8 de septiembre último, sobre una transacción extrajudicial relativa a la eventual acción civil que deduciría esa entidad, para obtener la indemnización de perjuicios causados por las actuaciones dolosas que habría incurrido el empresario Sr. "A", en relación a las falsificaciones de solicitudes de créditos sociales y asignaciones familiares, que motivaron la querella por abuso de previsión y estafa ante el Juzgado del Crimen de Angol --Autos Rol Nº 48349-1.
La suspensión tuvo por objeto, mejorar las condiciones ofrecidas en dicha transacción, en razón de que no se estaba recuperando el capital adeudado debidamente reajustado, ya que al 31 de agosto de 1992, el capital original transformado en unidades de fomento y actualizado a esa fecha, ascendía a un monto de $ 1.221.482.- suma superior a la cantidad de $ 1.000.000.- propuesta en el avenimiento. También, se requirió mayor información sobre los bienes del deudor para hacer efectiva su responsabilidad civil en los delitos objeto de la querella de autos.

Por Carta Nº 4471, de 9 de noviembre de 1992, esa C.C.A.F. ha comunicado a este Servicio, que el abogado externo encargado de la querella criminal en referencia, en representación de esa Entidad, presentó ante el Tribunal de la causa el 25 de septiembre último, un escrito de desestimiento, tanto de la acción penal como de las eventuales acciones civiles en contra del querellado Sr. Rojas Jarabrán, expresando que se habría pagado extrajudicialmente el valor de lo defraudado, mediante un abono de $ 250.000.- consignado en autos, y $ 750.000.- pagados en vale vista bancario, junto con las costas del juicio. Este escrito fue proveído por el Juzgado el mismo día indicado, teniendo presente el desestimiento.

Expresa esa C.C.A.F. que la anormal situación causada por el desestimiento del proceso de autos -no obstante encontrare suspendido por Oficio Nº 9855, de 1992, de este Servicio de Acuerdo de Directorio que propuso aprobar la transacción de la acción civil por indemnización de perjuicios en el juicio en comento- se originó por un error de interpretación por parte del abogado externo designado, en el entendimiento de las instrucciones de este Organismo sobre el particular, cometido de buena fe.

Por la razón expuesta, frente a un hecho excepcional e incontrolable, esa C.C.A.F. solicita a esta Superintendencia que se sirva autorizar dicho acuerdo elevado en consulta sobre la transacción en referencia.

Sobre el particular, el Superintendente infrascrito cumple con manifestar a Ud. lo siguiente:

De acuerdo con los elementos de juicio, puestos a disposición de este Organismo, se desprende, que no existen los requisitos esenciales para configurar una transacción extrajudicial al tenor de lo prescrito en los artículos 2446, 2455 y siguientes del Código Civil, ya que no se divisan los derechos disputados a que eventualmente pueda renunciar esa C.C.A.F. en el avenimiento propuesto, toda vez que el desestimamiento producido, a esta fecha, se encuentra ejecutoriado. Por consiguiente, este Servicio no puede pronunciarse sobre el Acuerdo de Directorio acerca de la aprobación de la transacción elevada en consulta.

Por otra parte, cabe señalar que el Acuerdo de Directorio en cuestión, no incidió en una suma de consideración que hubiera comprometido financieramente recursos fiscales, provenientes de asignaciones familiares, ya que en el evento que así fuera, el Directorio de esa C.C.A.F. debería haber respondido por los fondos comprometidos.

No obstante lo anterior, en mérito de lo expuesto, esta Superintendencia se ve en la obligación de representar a esa Caja de Compensación de Asignación Familiar, que el hecho del desistimiento de la querella por abuso de previsión y estafa entablada por esa C.C.A.F. ante el Juzgado del Crimen de Angol contra el Sr. "A", constituye una conducta inconveniente, objeto de reconvención que no puede repetirse, la que se habría generado en las amplias facultades conferidas por esa entidad en el poder otorgado al aludido abogado externo, designado para representarla en los autos, que permitió que esa Institución perdiera el control del curso del procedimiento de la causa procesal; lo que importó a su vez, el incumplimiento de las instrucciones impartidas por este Servicio en el Oficio ya citado.