1.- Esa Mutualidad "A" ha requerido a esta Superintendencia un pronunciamiento sobre la medida que pretende implementar respecto de pacientes del Seguro de la Ley N° 16.744, que ingresan a sus servicios médicos y que, excepcionalmente, manifiestan comportamientos que pudieran poner en riesgo tanto el derecho de otros pacientes a recibir atención médica en un ambiente de normalidad y tranquilidad, como el derecho de los profesionales de la salud y personal de apoyo, de recibir un trato digno y respetuoso. Al respecto, distingue tres situaciones:

a) Pacientes, familiares y acompañantes que al interior de las dependencias de ese organismo administrador, incurren en agresiones verbales, descalificaciones y actos de violencia física, que escapan a los parámetros de educación y respeto que le son exigibles en su interrelación con los profesionales de la salud, personal de apoyo y otros pacientes;

b) Pacientes que en forma reiterada, acuden a sus dependencias bajo los efectos del alcohol y/o drogas, con conductas potencialmente agresivas y que generan trastornos en la atención del resto de los pacientes, y

c) Pacientes a los que se brinda el servicio de traslado para asistir a sus controles médicos, sesiones de terapia y/o rehabilitación, que al momento de ser retirados desde sus domicilios se encuentran en forma reiterada, bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

Agrega que si bien tales situaciones caben dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 35 de la Ley N° 20.584 que, a modo de sanción, permite disponer el "alta disciplinaria" del paciente, no existe claridad sobre cómo debe concretarse dicha alta, por cuanto ni la referida ley, ni la historia fidedigna de su establecimiento, establecen un concepto de la misma.

En ese escenario, esa mutualidad "A" sostiene que respecto de pacientes que han incurrido reiteradamente en conductas violentas y a quienes se les ha representado su improcedencia, pretende derivarlos a centros de atención médica y/o hospitalaria externos, debidamente capacitados para el otorgamiento de las prestaciones que requieran.

Añade que tal medida permitirá dar cumplimiento a los principios de obligatoriedad e irrenunciabilidad previstos en los artículos 2° y 88 de la Ley N° 16.744, garantizar el otorgamiento oportuno y suficiente de las prestaciones médicas, y evitar el contacto directo del paciente conflictivo con el resto de los pacientes, los profesionales médicos y el personal de apoyo.

2.- Esta Superintendencia, previo a emitir un pronunciamiento sobre la materia, solicitó un informe a las restantes Mutualidades, sobre los procedimientos y protocolos que aplican respecto de los pacientes agresivos.

En tal sentido, la mutualidad "C" señaló que desde diciembre de 2013 cuenta con un procedimiento interno ante agresiones o amenazas de pacientes a su personal médico y/o administrativo. Tratándose de los pacientes de la Ley N° 16.744, éste contempla la posibilidad de que sean derivados a otro centro asistencial, siendo de costo de ese Instituto, el valor de las atenciones que requiera su estado de salud.

Analizado dicho procedimiento se verificó que la letra b) de su Título I, establece que la Dirección del hospital puede disponer como "alta disciplinaria", la derivación de los pacientes agresivos a otros recintos asistenciales, para que se les continúe otorgando atención con cargo al Seguro de la Ley N° 16.744.

Por su parte, la mutualidad "B" informó que la Subgerencia de Operaciones de su Hospital Clínico elaboró el "Instructivo para Tratamiento de Agresiones" y que además existe un documento sobre Recomendaciones de Seguridad al Interior del Hospital Clínico de la Mutualidad "C", ambos dirigidos a los funcionarios expuestos a sufrir agresiones.

Según se constató, el señalado instructivo establece que suspenderán las atenciones del servicio hasta controlar la agresión, en las situaciones calificadas como "agresión grave", esto es, actos de violencia física; amenazas con armas u objetos contundentes o amenazas de muerte.

3.- Sobre el particular, cabe precisar que de acuerdo con el artículo 88 de la Ley N° 16.744, los derechos que ese cuerpo legal prevé, revisten el carácter de personalísimos e irrenunciables.

Por su parte, conforme al artículo 29 del mismo cuerpo legal, se tiene derecho a las prestaciones médicas, hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por accidentes del trabajo o enfermedad profesional.

Por otra parte, según señala el artículo 26 del D.S. N° 38, de 2012, del Ministerio de Salud -que aprueba el Reglamento de la citada Ley N° 20.584-, el alta disciplinaria de los pacientes que incurren en maltrato o actos de violencia, implica el "cese de entrega de las prestaciones y la obligación de éste de abandonar el lugar, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o salud."

Al respecto, cabe enfatizar que el cese del otorgamiento de prestaciones, resulta inconciliable con el principio de irrenunciabilidad de los derechos consagrado en el artículo 88 de la Ley N° 16.744 y con el deber que su artículo 29 impone a los organismos administradores, en cuanto a la duración y suficiencia de las prestaciones médicas que deben otorgar a los trabajadores que han sido víctima de una accidente del trabajo o de una enfermedad profesional.

Por lo tanto, desde la óptica del Seguro de la Ley N° 16.744 -cuya fiscalización corresponde a esta Superintendencia -, sólo procede la derivación a prestadores externos de los pacientes que han incurrido reiteradamente en agresiones físicas y/o verbales hacia el personal médico y/o administrativo de las Mutualidades, en la medida que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que tal derivación se disponga como una medida de carácter excepcional, respecto de pacientes que han persistido en este tipo conductas, no obstante representárseles su improcedencia y de solicitárseles un cambio de actitud;

b) Que en la atención por prestadores externos, se garantice el otorgamiento gratuito, oportuno y suficiente de las prestaciones médicas a que tienen derecho con cargo al Seguro de la Ley N° 16.744;

c) Que se supervigile permanentemente el cumplimiento de tales exigencias por parte de los organismos administradores, y

d) Que se remita a esta Superintendencia a más tardar el 31 diciembre de cada año, un informe anual que contenga una nómina de los trabajadores que durante el año calendario respectivo han sido objeto de esta medida o que continúan siendo atendidos por prestadores externos, precisando en cada caso el centro asistencial al que han sido derivados y los diagnósticos de los accidentes del trabajo y enfermedad profesionales por los que reciben atención.

4.- En consecuencia, las Mutualidades de Empleadores del Seguro de la Ley N° 16.744, deberán ajustarse a las exigencias establecidas en el N° 3 de este oficio, en caso de requerirse la derivación a centros asistenciales externos, de los pacientes que se encuentran en la hipótesis descrita en el mismo numeral.