Solicita de la Contraloría General un pronunciamiento respecto de si el reconocimiento por el Estado de un establecimiento educacional opera en virtud de la declaración de cooperador de la función educacional del Estado, en conformidad con el Decreto 829, de 1974 del Ministerio de Educación, o si basta para el efecto con la aprobación de los respectivos planes y programas de estudios mediante decreto supremo del mismo Ministerio. Señala que la distinción es importante para establecer si el reconocimiento se extiende a todo un establecimiento o si solo abarca algunos de sus cursos. Lo anterior es indispensable para establecer si los alumnos de los citados establecimientos pueden causar asignación familiar.