La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a través de la Intendencia de Beneficios Sociales, tiene a su cargo la regulación y fiscalización de las prestaciones sociales. Durante el 2024, esta fiscalización abarcó a más de 600 entidades, con el fin de garantizar la correcta distribución de recursos, la transparencia y la calidad de las prestaciones.

Entre las entidades fiscalizadas destacan las Cajas Compensación de Asignación Familiar, Servicios de Bienestar del sector público y los organismos que administran fondos nacionales como la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Compañías de Seguros, Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

La Suseso desarrolló revisiones detalladas para verificar la adecuada implementación y funcionamiento de diversos beneficios sociales. Entre estos se encuentran los subsidios de incapacidad laboral de origen común, las licencias médicas maternales, la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono Bodas de Oro, el seguro SANNA para el cuidado de niños gravemente enfermos, el Ingreso Mínimo Garantizado y las asignaciones familiares y maternales. Estas acciones permitieron no sólo asegurar que los recursos públicos fueran gestionados de manera eficiente, sino también que los beneficios fueron entregados a las personas que realmente los necesitaban.

Respecto a las Cajas de Compensación (Los Andes, La Araucana, Los Héroes y 18 de Septiembre), la fiscalización se enfocó en evaluar el cumplimiento de normativas en áreas fundamentales como la gestión de estados financieros, la administración de créditos sociales, la calidad de las afiliaciones y prestaciones adicionales, además del fortalecimiento de los gobiernos corporativos y la implementación de auditorías internas y externas.

También se llevaron a cabo inspecciones en terreno para verificar el cumplimiento de las normativas y la calidad de los servicios ofrecidos en las sucursales, asegurando una buena y oportuna atención ciudadana.

Por último, se realizaron fiscalizaciones a los Servicios de Bienestar del sector público, con especial atención en la gestión financiera, los controles internos y la administración. Estas revisiones tuvieron como objetivo garantizar la transparencia, eficiencia y correcta distribución de los beneficios, promoviendo un uso responsable de los recursos.