Luego de un proceso que contó con la participación de representantes de trabajadores, empleadores, universidades, expertos y del Estado, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Decreto que aprueba la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca desarrollar y promover una cultura preventiva, incorporando la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo a través del sistema educativo y en los programas de formación de competencias laborales.

"Hoy ponemos en marcha una nueva política de seguridad y salud en el empleo, y con ello estamos dando un nuevo paso en el camino del trabajo decente, tal como comprometimos desde el primer día de Gobierno".

En este sentido, explicó que "la Política Nacional que vamos a firmar hoy, tiene como objetivo proteger al país y asegurar la salud y la seguridad de los y las trabajadoras del país. Busca también mejorar la fiscalización y la prevención de accidentes y enfermedades profesionales".

Los propósitos de esta iniciativa apuntan a desarrollar y promover una cultura preventiva, incorporando la prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema educativo y en los programas de formación de competencias laborales, además de perfeccionar el marco normativo.

Del mismo modo, fortalecen la institucionalidad fiscalizadora, de manera de garantizar un cumplimiento efectivo y oportuno de la normativa; garantizar la calidad y oportunidad de las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, otorgadas por los organismos administradores de la Ley 16.744; promover la incorporación de la perspectiva de género en la gestión preventiva; disminuir la ocurrencia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y de mortalidad, mejorando el procedimiento de diagnóstico y reporte de tales siniestros; e incorporar trabajadores informales a la seguridad social.

Para la elaboración de esta normativa, se realizó un proceso de consulta enmarcado en un diálogo participativo que recogió la opinión de las organizaciones más representativas de trabajadores (CUT), empleadores (CPC) e instituciones públicas relacionadas con los temas de seguridad y salud en el trabajo. También, la de los actores regionales -organizaciones sindicales, gremiales, empleadores, universidades y organismos públicos relacionados-, considerando sus distintas realidades en materias de seguridad y salud en el trabajo.